Sobre la cuestión de las “consultas populares” advierto un fenómeno que tiene dos caras, que interactúan y que presentaré en forma de preguntas. Por un lado, qué piensa AMLO y sus más cercanos colaboradores sobre la complementariedad de los mecanismos de democracia directa con la institucionalidad de la democracia representativa, por otro lado, qué lugar ocupará en su gestión de gobierno el conocimiento experto y los expertos (especialmente aquellas instancias de gobierno fundadas en la delegación por expertise). Es muy difícil asir estas preguntas, aunque los hechos disponibles permiten una reflexión preliminar. Durante las elecciones federales de medio término en 2015 MORENA, el partido que abandera AMLO, utilizó una estrategia de democracia directa innovadora. Implementó el mecanismo de sorteo (es este caso una tómbola) para escoger, mediante el azar, una porción de los candidatos plurinominales entre más de 3000 líderes distritales. En las elecciones de 2018 nuevamente se utilizó la insaculación. Así, recientemente, han llegado a San Lázaro (nombre del Palacio Legislativo Federal) 10 nuevos diputados seleccionados mediante el azar. Esta estrategia puede evaluarse de muchas maneras, sin embargo, no hubo ningún tipo de controversias ante el Tribunal Electoral ya que se ajusta a lo establecido en el Art. 228 de la Legislación Nacional Electoral. Algo diferente parece ser la Consulta Nacional Ciudadana. Llevada adelante con unas urnas que sólo tenían la leyenda “Transición México 2018-2024” y al parecer financiadas por MORENA, resulta un ejercicio participativo difícil de encuadrar en términos constitucionales. Pero no sólo eso. Para una gran parte de los expertos y especialistas no se ajusta a los procedimientos establecidos y dispuestos por el Instituto Nacional Electoral (INE), autoridad competente en esta materia. Visto en conjunto, desde el sorteo de cupos plurinominales hasta la reciente Consulta Nacional Ciudadana no sólo parece haber una disposición y vocación, entre AMLO y sus estrechos colaboradores, a valorar positivamente los mecanismos de democracia directa, sino un ambiguo criterio de cómo se debe dar la complementariedad entre mecanismos de participación directa y la institucionalidad de la democracia representativa. Ambigüedad que, estimo, deja impávido hasta al más redomado de los direttistas (para usar la etiqueta propuesta por Giovanni Sartori para referirse a los partidarios de la democracia directa).